Las permutas administrativas: son aquellas en las que intervienen viviendas, habitaciones y accesorias pertenecientes al fondo estatal en calidad de arrendamiento permanente, o usufructo
La declaración de terminación del arrendamiento contendrá, en su caso, la declaración de ocupantes ilegales de las personas que hubieren cesado en su derecho sobre la vivienda
Con la rebaja del pago de las mensualidades, se extiende el término de pago del precio total, por el tiempo que resulte necesario.
Las personas naturales para acceder a la transferencia de la propiedad del cuarto, habitación o accesoria de la que es usufructuario u ocupante, presentan la solicitud ante la Dirección Municipal de la Vivienda.
La autorización de transferencia de la propiedad de viviendas del fondo estatal, se otorga previa evaluación del cumplimiento de las regulaciones territoriales y urbanísticas, así como de las normas técnicas de construcción.
La declaración de ocupante ilegal y sus efectos se extenderán a todas las personas que ocupen ilegítimamente una vivienda y se resuelve ante la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente.
Si el propietario de una vivienda fallece y no deja testamento, ni herederos, o estos renuncien a la herencia, los ocupantes de la vivienda, tienen derecho a mantener la ocupación del inmueble y a tramitar la transferencia de la vivienda.
La vivienda, cuyo titular haya salido definitivamente del país, es confiscada por el Estado a efecto de poder transmitir su propiedad a las personas que tienen derecho a ello, según lo dispuesto en la Ley General de Vivienda.
La ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales, se coordinan por la Dirección Municipal de Vivienda, quienes requerirán el auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria, cuando fuere necesario.
La entidad que posee la vivienda vinculada cuando se cumpla el término del arrendamiento (15 años) está obligada a promover el cese como vivienda vinculada
Los propietarios de las viviendas determinan libremente qué personas conviven con ellos y están facultados para dar por terminada la convivencia con cualquier persona, para lo que no requieren declaración administrativa ni judicial, según establece el Artículo 64 de la Ley General de Vivienda. Si el conviviente pretendiera permanecer en la vivienda contra la voluntad … Leer más